TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

Santa Fe de la Vera Cruz
 

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CAPACITACIÓN

 

 

RESOLUCION Nº 121/99

 

SANTA FE 17 AGOSTO 1999.

VISTO:

              La Resolución Nº 65/99 de este Tribunal, que establece los procedimientos a seguir en materia de control previo de los actos administrativos por los cuales se aprueban contrataciones, a través de los distintos procedimientos de selección, y su similar Nº 61/99, por cuyo artículo 3º se dispone efectuar el control previo en relación, entre otros, con los decisorios que dispongan contrataciones de personal; y

 

CONSIDERANDO:

 

            1º.- A través de ambos instrumentos normativos, este órgano ha establecido la modalidad del control previo para diversos tipos de contrataciones que lleva adelante la administración municipal las que, no obstante las similitudes que puedan a priori presentar, tienen diversa naturaleza jurídica y subsiguiente régimen jurídico aplicable en consonancia con ello.

 

            2º.- En la referida Resolución Nº 65/99, en su art. 1º y ccs., se ha normatizado también el criterio a seguir en materia de control de las denominadas contrataciones directas, esto es aquellas que se conciertan sin sustanciar previamente la licitación pública o concurso de precios que resultaban a priori exigibles conforme al monto de las erogaciones, por mediar la invocación de alguna de las circunstancias exceptivas que al respecto disciplinan las normas que rigen a la administración municipal.

 

            3º.- En este sentido, a partir de la Resolución Nº 19/99, el Tribunal ha sentado una inveterada postura en la materia, extensiva a todas las circunstancias exceptivas, y dentro de ellas a la contratación en forma directa de personas a título individual y sin mediar – por lo menos a priori – relación de dependencia o empleo público entre estos y la administración (así Resoluciones Nros. 43/99, 49/99, 50/99 amén de la citada Nº 19/99); siendo indiferente a esos fines que la relación contractual se nomine o se sindique como locación de servicios o de obra, en tanto comprometa por parte del contratado la obligación de emplear ciertos medios o de obtener determinado resultado; o combine ambos aspectos.

 

            4º.- No obstante ciertas deficiencias observables en le redacción de los decisorios o en las estipulaciones de los contratos respectivos, que puedan plantear a priori interrogantes respecto de la naturaleza última de éstas contrataciones, es menester indagar en ella para deslindar debidamente los marcos normativos aplicables, de insoslayable referencia en la labor de control previo que antes se hizo referencia.

 

            5º.- De la circunstancia usual y frecuentemente comprobable, de la ausencia de todo tipo de mención, en los contratos y actos respectivos, a cual sea el marco normativo en que se entiendan concebidos, no puede inferirse como conclusión valedera que este no exista, o que escapen a la normativa general que rige en la materia.

                   Adviértase en este sentido que la norma básica en este aspecto (el artículo 10º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756 t.o. Decreto Nº 67/85) ostenta una meridiana claridad en tanto reza textualmente “para todo lo que se relacione con obras municipales, como también para enajenaciones, compras, trabajos, instalaciones, reconstrucciones y contratos en general, que importen un desembolso para la Municipalidad, deberá procederse....de conformidad....”(las comillas son reproducción textual de la norma y los subrayados nos pertenecen).

                   Los mismos términos resultan simétricamente reproducidos en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 9482, y el Decreto Nº 281/92 resulta igualmente claro en su artículo 1º, en cuanto establece que las pautas que disciplina rigen “para toda contratación que deba realizar esta Administración....”(art.cit.).

 

            6º.- Hechas estas precisiones corresponde señalar que la principal excepción a este marco normativo general -en el cual se insertan las denominadas “contrataciones directas”-, dentro de los contratos que la administración municipal suscribe con terceros y que implican un desembolso por su parte, la constituyen los contratos de función o empleo público, los cuales tienen su regulación específica en las previsiones del Estatuto y Escalafón aprobados por la Ley Nº 9286, y demás normativa dictada en su consecuencia.

                  Esa relación contractual en sentido amplio –en tato acuerdo de voluntades- involucra también a las nacidas al amparo de un acto administrativo emanado de la administración (el “nombramiento” o “designación”, cualquiera sea su carácter) y aceptado por el beneficiario, por el cual aquella admite a éste como integrante de sus cuadros funcionales, en forma permanente o transitoria.

 

            7º.- Cuando esa relación funcional es consecuencia de la suscripción de un “contrato”, y como tal es bilateral desde el inicio –en tanto la suscripción de dicho instrumento es la manifestación de voluntad del colaborador de la administración de aceptar prestarles servicios-, encuentra cabida en la previsión expresa del artículo 8º del Estatuto aprobado por el Anexo I de la Ley Nº 9286.

                     Dicha norma prescribe que la relación contractual tenga, como requisito necesario, estipulado en el instrumento contractual, su plazo determinado o lapso temporal de duración, el que deberá asimismo establecerse en el acto aprobatorio de la contratación.

                    También establece otras precisiones, como por ejemplo que el contratado desempeñe sus tareas en forma personal y directa, perciba por ellas una retribución sujeta al cumplimiento de las etapas que se determinen –de allí que incluso pueda mensualizarse- y se lo destine a realizar tareas que no pueden ser efectuadas por el personal permanente en virtud de su naturaleza (pauta cualitativa) o duración (pauta cuantitativa).

 

            8º.- Completada la somera descripción del marco legal aplicable a los contratos de función o empleo público, resulta menester efectuar algunas consideraciones adicionales para terminar de delinear, en  la inteligencia del Tribunal, los caracteres que definen a esta figura y de este modo contribuir a diferenciarla de las otras contrataciones de personas o individuos (profesionales, técnicos o simplemente idóneos) anteriormente referenciadas.

                   De la calificación expresa de estos contratos (los del artículo 8º del Estatuto) como función o empleo público surgen diversas consecuencias.

                   En primer lugar la retribución o contraprestación pecuniaria pactada y debida al contratado por sus servicios, debe reputarse “remuneración” o “sueldo”, con todas las implicancias legales que de ello se derivan. La administración asume todas las obligaciones propias de la condición de empleador que inviste (a los fines previsionales y asistenciales) y el contratado resulta afiliado forzoso de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones (artículo 17º primer párrafo de la Ordenanza Nº 6166).

               En el segundo lugar y más allá de la instrumentación contractual de la relación, como consecuencia de su naturaleza jurídica, el contratado queda directamente sujeto a un conjunto normativo que le es plenamente aplicable.

               Así está sometido a la debida observancia de los deberes establecidos en el artículo 13º del Estatuto, al no quebrantamiento de las prohibiciones dispuestas en el artículo 14º del mismo, y al reconocimiento de los derechos establecidos en los incisos b), c), d), g), i), j), k), ll) y ñ) – con las salvedades establecidas para el caso- del artículo 15º del mismo ordenamiento.

 

            9º.- A modo de colofón de este aspecto del análisis, cabría sintetizar- en la opinión de este órgano- los supuestos en que puede válidamente entenderse captado un contrato respectivo por el marco legal comentado, dentro del régimen de empleo público.

                  Si la persona contratada ha de desempeñarse en forma personal y directa, en tareas subordinadas a directivas jerárquicas de personal o funcionarios de la administración municipal, cuyo cumplimiento estricto denota claramente una relación de dependencia de índole laboral, para el desempeño de tareas, actividades o funciones comunes, normales, o habituales del personal municipal de los cuadros de la planta permanente, reforzando incluso las dotaciones del mismo por insuficiencia numérica de aquéllas para desarrollar normalmente las tareas de la repartición en que revistan; corresponderá que la relación contractual se encauce como de empleo público, encuadrándola en el artículo 8º del Estatuto aprobado por el Anexo I de la Ley Nº 9286 – con todas las consecuencias legales que de ello se derivan y que antes se mencionaron -, y las erogaciones respectivas que demande el pago de la retribución pactada se atiendan con cargo a la partida “Personal” del presupuesto.

                 A esos fines, no es imprescindible que esa retribución se pacte con referencia a una escala determinada, o con montos referenciados en forma total o parcial a las categorías de la estructura escalafonaria aplicable al personal permanente, aún cuando no sea objetable que se proceda en tal sentido.

                 Si, en cambio, es imprescindible que se aclare que esa retribución es nominal, y está sujeta a las deducciones de ley, resultantes de la aplicación de las disposiciones vigentes en materia previsional y asistencial; y, de  ser procedente, impositiva.

                 En esos supuestos, los elementos verificables por parte de este Tribunal en el marco de la labor de control previo que ha decidido emprender a partir de la Resolución Nº 61/99 (artículo 3º) –sin que la enumeración revista carácter limitativo o taxativo- serán la competencia del funcionario suscriptor del contrato y del decisorio aprobatorio del mismo, el ajuste de las cláusulas de éste a los lineamientos anteriormente señalados y que surgen del artículo 8º del Estatuto, la constancia en las actuaciones de que el contratado reúne los requisitos legales exigibles y de la disponibilidad presupuestaria en la partida específica a cargo de la Municipalidad.

                  En relación con el segundo aspecto, no resulta imprescindible que exista disponibilidad de “cargo” vacante en el presupuesto –siempre que a su vez no se trate de designaciones transitorias o temporarias de las que habla el artículo 9º del Estatuto-. Sino tan sólo de “crédito” en la partida “Personal”, específicamente “Personal Temporario”, para respaldar la gestión; lo cual deberá  informarse documentadamente por el organismo competente; en las actuaciones respectivas.

 

                   10º.- En las apartados anteriores se ha analizado en detalle el contrato de función, o empleo público. Corresponde seguidamente fijar lineamientos en relación con las locaciones de obra o de servicios que  usualmente  se efectúan con personas a título individual para el desarrollo de determinadas tareas, o la presentación de servicios de índole técnica o profesional- en no pocos casos se apela a idóneos- en diversas reparticiones.

                    En este aspecto, en tanto el Tribunal también ha incluido los contratos respectivos en la modalidad de control previo –a través de lo decidido en la Resolución Nº 65/99 y sus antecesoras y precedentes Nros. 19/99 y demás citadas, en relación con las denominadas “contrataciones directas”-, resulta menester fijar lineamientos a seguirse por la administración respecto de distintas cuestiones vinculadas a este tipo de  contratos.

                    Este órgano de control resulta competente para ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Anexo de la Ordenanza Nº 9124, por el cual puede determinar los modos, formas y tiempos que considere más adecuados para garantizar su eficacia sobre la estructura orgánica municipal, incluyendo entre otros aspectos los procedimientos y la evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

                   En idéntico sentido al artículo 10º inciso d) del mismo Anexo lo faculta, en lo pertinente, a fijar las normas a las cuales deberán ajustarse los informes, controles internos y contenido de la documentación respaldatoria de las gestiones sometidas a examen.

 

                   11º.- Con anterioridad (párrafo 5. del considerando presente) se ha delineado el marco normativo general aplicable a este tipo de contrataciones.

                   En anteriores pronunciamientos (así Resolución Nº 50/99) del Tribunal se diferenciaron claramente este tipo de contrataciones, de naturaleza científica, técnica o profesional, de las de índole puramente artística, cuya concertación más frecuente –por razones de competencia funcional- corre por cuenta de la Subsecretaría de Cultura Municipal.

                   En relación con estas últimas, por el artículo 2º de la resolución citada, y por las razones aludidas en la misma (ver párrafos 9º a 12º, ambos inclusive, de su considerando), se dispuso exceptuarlas del control previo por parte de este Tribunal, remitiéndolas a los mecanismos de contralor a posteriori reglamentados en la Resolución Nº04/92.

 

                   12º.- En el mismo acto resolutivo, y en Resolución Nº 19/99 –entre otros precedentes- en relación con la contratación de tareas técnicas, científicas o profesionales se señaló que “....su potencial habilitante de la vía de contratación directa corresponde sea analizado desde un prisma más riguroso, o una interpretación más restrictiva que la labor pura o preponderantemente artística, en donde indudablemente juegan otras valoraciones....”.

                    Se sostuvo entonces (Resolución Nº19/99, entre varias) que “...el sentido de la excepción- la contemplada en los artículos 4º inciso c) y 5º inciso d) del Decreto D.M.M. Nº 1857/79, aclaramos- es restringido y equiparable a  los casos de exclusividad y sólo se justifica en la encomienda de obras (científicas, técnicas o artísticas) cuando la empresa –en el caso la persona contratada- especializada sea, por sus conocimientos, de una notoriedad tal que la destaque del común en la materia, y siempre que aparezca como indispensable recurrir a ella por real exigencia del resultado de la tarea a emprender...”, como asimismo se señaló que “....la notoriedad que la norma exige debe aparecer patente a la vista de los órganos que deben intervenir en el trámite de la contratación...., adjuntando antecedentes que muestren a los contratados con una especialización y conocimientos que justifiquen prescindir del sistema de concurso o cotejo de ofertas plurales...”(op.cit.)

 

            13º.- La doctrina fijada por este Tribunal en los precedentes citados (que resultan de conocimiento de la administración), brinda una idea cierta del sentido de la norma exceptiva, y de los casos en que resulta procedente acudir a la misma para contratar servicios u obras de contenido o naturaleza científica, técnica o profesional; como asimismo de la naturaleza jurídica intrínseca de la relación de vincula al contratado con la Municipalidad en esos casos.

            Tales contratos pueden válidamente suscribirse cuando involucren el desarrollo de una actividad personal e indelegable del contratado, propia de su profesión, técnica y oficio, en forma autónoma y ciñéndose a las reglas del arte, ciencia o técnica o económica- más allá de la contraprestación dineraria convenida en el contrato y a cargo de la administración- del mismo, de modo de presuponga su propia forma de organización de la labor encomendada, comprometiendo el empleo de medios técnicos o científicos específicos, (supuesto de la locación de servicios) o la producción de un resultado u “opus” esperable como consecuencia de la tarea a emprender (supuesto de la locación de obra), o ambos aspectos a la vez y en mayor o menor medida en un mismo contrato.

            En tales supuestos el contrato fijará una retribución o contraprestación en dinero que debe conceptuarse como “precio” u “horario” con independencia de la modalidad de ajuste o corrección de su monto (suma fija global, cuotas mensuales, unidad de obra, porcentuales en función del avance de obra o cumplimiento de las etapas previstas, etc.), sin referencia alguna a las retribuciones del personal municipal, las categorías escalafonarias o las políticas salariales aplicables al mismo, como asimismo sin indicación de pautas vinculadas a una determinada carga horaria de labor (a salvo alguna referencia tangencial a la coordinación del horario específico de labor con los funcionarios del área en que se desempeñe, si fuese imprescindible consignarla en el contrato) o régimen escalafonario de jerarquías o promociones; especificándose  claramente el o los funcionarios que tendrán a su cargo certificar el efectivo cumplimiento por parte del contratado de las obligaciones a su cargo, como requisito para que éste perciba la retribución pactada; atendiéndose las erogaciones que demanden los contratos así concluidos a la partida “Servicio No Personales” del presupuesto vigente, e imputándose normativamente los actos administrativos de aprobación o adjudicación de los mismos a los artículos 4º inciso c) y 5º inciso d) –según corresponda al monto global y al procedimiento exceptuado –del Régimen de contrataciones aprobado por Decreto D.M.M. Nº 1857/79.

 

            14º.- Se trata, en suma, de las irremplazables colaboraciones técnicas o científicas especiales a que alude –en otro sentido- el artículo 24º inciso b) de la ordenanza de  Contabilidad Nº 7363, y existe entre ellas y los contratos de función o empleo público uma diferencia esencial de “grado” o naturaleza; como consecuencia de lo cual no procede que se apele a este tipo de figuras ante la sola circunstancia de la insuficiencia numérica o cuantitativa de los planteles de agentes municipales para hacer frente a sus tareas normales o habituales.

 

            15º.- Hechas estas necesarias precisiones, procede efectuar un análisis –al menos en líneas generales- de distintos contratos nominados como locaciones de servicios, en su mayor número, concluidos por la administración municipal con anterioridad y con posterioridad a la implantación de la metodología de control previo reglamentada por la Resolución Nº 65/99 de este Tribunal de Cuentas.

            A título de consideraciones preliminares en este aspecto, es menester dejar en claro dos aspectos:

            15.1 Muchos de los contratos de marras fueron controlados por este Tribunal a posteriori, en el marco de los procedimientos reglamentados por la Resolución Nº 4/92 TCM, y sin que en la documental que a esos fines se aporta existan antecedentes que permitan evaluar una serie de aspectos tales como la naturaleza de las tareas a encarar por el contratado, y la correspondencia entre uno y otro elemento, y el marco legal referencial en que dichos contratos se entendieron concluidos, interrogantes todos estos que no resultan despejados a partir del análisis de los Decretos D.M.M. correspondientes a cada contrato, pues los mismos tienen una finalidad puramente registral y no constituyen, en sentido estricto, el acto administrativo de autorización o aprobación del contrato respectivo.

            De allí que por ejemplo no contengan usualmente la imputación legal del mismo – esto es la norma a la cual se entiende corresponde su encuadramiento típico-, ni la constancia de la partida presupuestaria específica a la cual ha de imputarse el gasto.

 

            15.2 En la casi totalidad de los contratos analizados, se incluyen cláusulas de redacción más o menos uniforme tendientes a dejar debidamente sentada la obligación del contratado de efectuar la obra o servicio procurado, en forma personal y directa, sin posibilidad de delegar tareas, ser sustituido por otros para su ejecución o asociarse con ellos para su cumplimiento.

            Tal modalidad no resulta prima facie objetable en tanto se corresponde con la naturaleza “intuito personae” que acusan estos contratos y con el fundamento último que tiene la vía exceptiva del régimen de contrataciones en que –según se expuso anteriormente- deben entenderse captados.

            Pero ese carácter no basta, por sí mismo, para diferenciarlos claramente de los contratos de función o empleo público, incluyendo a los concertados con referencia al artículo 8º del Estatuto aprobado por Ley Nº 9286 (Anexo I); pues estos comparten las mismas características, al punto que dicho canon legal prescribe claramente que el personal contratado “....presta servicios en forma personal y directa...” (las comillas encierran cita textual del artículo).

 

            16º.- Entrando ahora sí en el análisis puntual de los diversos casos, corresponde remitirse a lo señalado en los párrafos 5º y 13º in fine del considerando de la presente, en cuanto a la subsunción de estos contratos en las previsiones del Régimen de Contrataciones vigente en el ámbito municipal, y los distintos procedimientos selectivos y vías exceptivas que el mismo contempla.

            Algunos de los contratos considerados, tomando en cuenta el plazo originario de vigencia pactado, y los honorarios convenidos, importan en conjunto una erogación que supera los mínimos establecidos por los Decretos D.M.M. Nº 199/92 Y 281/92 para sustanciar concursos de precios. Tal es el caso de los registrados y numerados mediante los D.M.M. Nros. 756/97, 768/97 (y su prórroga D.M.M. Nº 626/98), 779/98 y 930/98; este último con una situación confusa en punto a su ejecutividad y que motivara la nota Nº 157/99 de este Tribunal cursada a la Secretaria de Hacienda, y aún sin respuesta por parte de la misma.

            Otros, a la inversa, parecen a priori corresponder a cifras por debajo de ese monto mínimo reglamentario, pero han sido invariablemente prorrogados en una o varias oportunidades, con absoluta identidad de contratados y términos contractuales, y sin interrupción temporal de la relación; de resultas de lo cual puede, sin esfuerzo, inferirse que se trata de una única vinculación contractual concertada por administración, y que comprometen por su parte contraprestaciones dinerarias que exceden en conjunto el monto mínimo establecido para sustanciar, al menos, concurso privado de precios. Tal es el caso de los contratos comprendidos en los D.M.M. Nros. 266/98 (y sus prórrogas D.M.M. Nros. 387/98 y 266/99), 433/98 (y sus prórrogas D.M.M. Nros. 576/98, 20/99 y 128/99), 434/98 (y sus prórrogas D.M.M. Nros.577/98, 18/99 y 127/99), 575/98 (y sus prórrogas D.M.M. Nros. 19/99 y 126/99) y 28/99 (y su prórroga D.M.M. Nº 93/99).

            Interesa destacar la circunstancia apuntada –de la cual surge que en todos los casos analizados debieron, prima facie, instrumentarse procedimientos de selección o invocarse y probarse alguna circunstancia exceptiva-, por cuanto ni en los contratos respectivos, ni en los decisorios que dispusieron su registración o numeración existe referencia alguna al marco en el cual se entienden concebidos, su encuadramiento en el régimen de contrataciones según lo señalado en 5º y particularmente 13º in fine; elementos estos de particular importancia para un control integral de la gestión que abarque desde la validez del procedimiento seguido, hasta la procedencia de la imputación del gasto a la partida con la cual el mismo resulta atendido.

 

            17º.- Un aspecto de capital importancia en el análisis es el de determinar si los contratos evaluados contienen en sus cláusulas una descripción concreta de las tareas, obras o servicios a cargo del contratado en cada caso, efectuada en forma precisa y no genérica o con mera referencia al lugar en que han de desempeñarse.

            Esta cuestión permite inferir la naturaleza última del contrato –más allá de la que eventualmente se consigne en el mismo-, o la correspondencia entre ambos aspectos.

            En algunos casos existe una descripción puntual y precisa de las tareas, obras o servicios que se procura realice el contratado. Tal es el caso de los contratos correspondientes a los Decretos D.M.M. Nros.756/97, 266/98 y sus prórrogas, 779/98 y 28/99 y su prórroga.

            En otros supuestos esa descripción se reemplaza por una enunciación genérica sin referencias concretas, a lo sumo complementada con la especificación del organismo en cuya órbita han de desempeñarse. Así los casos correspondientes a los Decretos  D.M..M. Nros. 768/97 y su prórroga, 266/98, 433/98, 434/98 y 575/98 y sus respectivas prórrogas.

            En estos casos, la falta de descripción precisa y concreta de las tareas a cargo del contratado impide formarse un juicio de valor respecto a la correspondencia de las mismas con la naturaleza asignada al contrato (en muchos casos conceptuado como locación de servicios en el contexto del artículo 1623 del Código Civil), la partida presupuestaria con que se solventa el mismo y la situación del contrato en cuanto a la legislación laboral, previsional e impositiva.

            Por otro lado, la carencia de antecedentes ilustrativo de la gestión tal cual se señaló en 15.1 determina que, aún en las hipótesis en que si se describen las tareas a cargo del contratado en forma precisa y concreta, no pueda evaluarse la correspondencia con los aspectos anteriormente señalados, pues no se determina si existen o no agentes o funcionarios municipales que puedan efectuar las mismas, o si estas por su naturaleza son ajenas a los cuadros de la planta de personal permanente. Tal sería el caso de los contratos correspondientes a los D.M.M. Nros. 260/98 y 28/99 y sus prórrogas.

            Incluso en algunos de los casos analizados (tal el correspondiente al D.M.M. Nº 768/97 y su prórroga) se hace explícita mención a que la contratación tiene su origen en la sobreocupación o exceso de tareas del personal municipal, y a que se la efectúa para realizar el mismo tipo de tareas que de ordinario lleva adelante ese mismo personal.

            A esta altura del análisis, es preciso destacar que para esos supuestos, principalmente, ha sido concebida la norma del artículo 8º del Estatuto (Anexo I), a la cual nos remitimos.

            Es la mayor complejidad de la tarea, obra o servicio, y la correlativa capacidad, aptitud o destreza exigible al contratado para desarrollarla, lo que determina la exclusión de algunos contratos de ese marco.

 

            18º.- Vinculado a los aspectos señalados en el numeral precedente, está la cuestión relativa a la naturaleza jurídica de los contratos mencionados, y la exclusión o no en los mismos de la existencia de relación de empleo público entre la Municipalidad y el contratado.

            Parta elucidar el punto, habrá de estarse a la calificación jurídica de los contratos, por el contenido concreto de sus cláusulas y prescindiendo para ello de la nominación que contengan, que por sí sola no resulta reveladora del fondo de la temática.

            Del mismo modo, la exclusión de la relación de empleo público resultará bien de una cláusula explícita en ese sentido restándoles coherencia.

            Así por ejemplo se sindica al contrato como locación de servicios, o se retribuye al contratado con una contraprestación pecuniaria conceptuada como honorario, mientras al mismo tiempo se le impone explícitamente una total subordinación jerárquica a directivas emanadas de agentes o funcionarios municipales, o el cumplimiento de determinada carga horaria (caso D.M.M. Nros. 433/98, 434/98, 768/97 y sus prórrogas ); llegándose al extremo de reconocérsele explícitamente beneficios exclusivos del personal municipal, como gozar del régimen de licencias (D.M.M. Nº 930/98).

            En el numeral 9º segundo párrafo y su concordante 13º segundo y tercer párrafo se han enunciado principio valederos, a juicio de este Tribunal, para diferenciar claramente ambos tipos de contratos. Esa diferenciación resulta a su vez de capital importancia, tomando en consideración las distintas consecuencias legales a que puedan dar lugar cada uno de ellos, y al hecho que la ambigüedad en esta materia juega a favor de la presunción de la existencia de una relación de índole laboral, con todas las consecuencias legales que de ello se derivarían.

            Finalmente resta referir a una cuestión que al presente puede de menor trascendencia –como consecuencia de la receptividad que han tenido, por parte de la administración, reiterados requerimientos que en tal sentido planteara este Tribunal-, pero no por ello ha perdido significación e importancia, cual es la obligatoriedad por parte de los contratados  de extender facturas o documentos equivalentes por los servicios u obras que presten a la municipalidad.

            A este respecto corresponde señalar que los contratos analizados consagran esta obligación en forma explícita en sus cláusulas, con referencia concreta incluso a la normativa emanada de los organismos de recaudación fiscal que prescriben la misma. Tal el caso de los contratos correspondientes a los Decretos D.M.M. Nros. 756/97, 433/98, 434/98, 575/98, 779/98, 930/98 y 28/99 y sus prórrogas, en los casos que la misma se ha efectivazado.

            En otros casos no existen referencia en tal sentido (D.M.M. Nros. 266/98 y 768/97 y sus prórrogas), y aún cuando pueda señalarse que de la revisisa de las respectivas rendiciones surge que mayormente se observa el requisito. Resulta recomendable un comportamiento unívoco en esta materia, mediante la inclusión expresa de cláusulas en el sentido anteriormente indicado, en los contratos respectivos.

            20º.- En el contexto de los lineamientos anteriormente expuestos, y de las facultades señaladas que asisten a este Tribunal, procede reglamentar las pautas a observarse respecto de la confirmación de las actuaciones y redacción de los contratos y actos administrativos vinculados a las temáticas señaladas, y remitidos a este órgano para el contralor previo a su puesta en ejecución, según lo oportunamente decidido en las Resoluciones Nros. 61/99 (artículo 3º) y 65/99 (artículo 1º, en lo atinente a las denominadas “contrataciones directas”).

 

 

            Por ello:

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
 
RESUELVE

 

Art.1º: Recomiéndase a la Administración central municipal, y a los organismos descentralizados y autárquicos de su dependencia, la estricta observancia de los criterios y procedimientos establecidos en la presente resolución (párrafos 6º A 9º, ambos inclusive, del considerando de la misma), en relación con las actuaciones, contratos y actos administrativos comprendidos en los alcances del artículo 8º del Anexo I (Estatuto) de la Ley Nº 9286, remitidos para control previo a este Tribunal.

 

Art.2º: En relación con la contratación de técnicos, profesionales o idóneos a título                individual para la realización de obras o ejecución de servicios no comprendidos en el régimen señalado en el artículo precedente, cuyas erogaciones se atiendan con cargo a la partida de “Servicios No Personales” y excedan en total los montos mínimos establecidos para sustanciar concursos de precios por los Decretos D.M.M. Nros. 199/92 y 281/92, se recomienda la estricta observacia de los criterios establecidos en la presente resolución –párrafos 10 a 14, ambos inclusive, del considerando de la misma- y en el artículo siguiente.

 

Art.3º: En las contrataciones referidas en el artículo precedente, remitidas para contralor previo a su ejecución por parte de este Tribunal, se observarán las siguientes disposiciones:

a)      En relación con las actuaciones y antecedentes administrativos que determinan la contratación:

a.1) Se describirán con el mayor detalle posible los servicios, tareas u obras cuya ejecución se procura; dejándose asimismo constancia que los mismos, por su naturaleza, no pueden ser efectuados por personal municipal.

 

a.2) Se fundamentará documentadamente, mediante los informes técnicos necesarios producidos por los organismos competentes, la necesidad de especialización, destreza, habilidad o experiencia técnica o científica particular y determinada para la adecuada y correcta ejecución del servicio, tarea u obra cuya contratación se procura.

a.3) Se expondrá los antecedentes del contratado o propuesto para ello, de los cuáles surja claramente – en un marco de apreciación razonable- que el mismo posee los conocimientos, aptitudes o destrezas requeridas para el tipo de prestación procurada en cada caso.

a.4) Constará la imputación preventiva del gasto a la partido “Servicios No Personales”, previa verificación de saldo afectable de la misma.

 

b) En relación con los contratos respectivos:

            b.1) Se establecerá claramente la naturaleza jurídica del acuerdo (locación de obra, servicio o mixta), excluyéndose en forma expresa, mediante una cláusulas al efecto, la naturaleza laboral o de empleo público; dejándose expresamente establecido que no media, a ningún efecto jurídico emergente, relación de dependencia entre la Municipalidad y el contratado.

            b.2) Se describirán en forma precisa y concreta las tareas, obras o servicios a cargo del contratado, como así también si las mismas involucrarán o no la provisión por su cuenta de equipos, máquinas o herramientas que contribuyan al desarrollo de las actividades; previéndose expresamente la prohibición de ser sustituido en el desarrollo de la labor encomendado, o de asociarse con otros para su cumplimiento, debiendo efectuarla inexcusablemente en forma personal y directa.

            b.3) Se fijará en forma clara la obligación del contratado de extender recibos, facturas y demás comprobantes exigibles según la legislación de aplicación, en materia impositiva, asistencial y previsional, y la correlativa exención de responsabilidad para la municipalidad en materia de seguros, aportes jubilatorios o contribuciones de esa índole.

            b.4) Se especificará claramente a los funcionarios que tendrán a su cargo certificar el efectivo cumplimiento por parte del contratado de las obligaciones a su cargo, como requisito para que éste perciba la retribución pactada.

 

            c) En relación con los decisorios de aprobación o adjudicación de las contrataciones respectivas, se los encuadrará en las previsiones del Régimen de Contrataciones Decreto D.M.M. Nº 1857/79 que resulten aplicables según el monto de la erogación comprometida (artículo 4º inciso c) o 5º inciso d), según corresponda, y el procedimiento de selección del cual la gestión resulta exceptuada, requisito que podrá cumplimentarse en el acto que disponga su registro o numeración, o en otro dictado al efecto; debiendo en cualquier circunstancia remitirse a este Tribunal de Cuentas para su contralor previo a su puesta en ejecución, conjuntamente con los antecedentes que lo determinen.

 

Art.4º:- Los contratos comprendidos, en virtud de sus características, en las previsiones de los artículos 2º y 3º de la presente resolución, y que comprometan en su conjunto de erogaciones menores a las establecidas por los Decretos Nros. 199/92 y 281/92 para sustanciar concursos de precios, quedarán exceptuados del contralor previo a su ejecución por parte de este Tribunal, sin perjuicio de recomendar, a su respecto, la estricta observancia de los criterios y procedimientos aquí establecidos, a los fines indicados en la resolución Nº 4/92 TCM (artículos 9º y 11º).

 

Art.5º:- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, este Tribunal podrá someter los contratos allí mencionados a la modalidad de control previo –en tanto el mismo fuere posible- cuando advirtiese contrataciones sucesivas con identidad de objeto y personas contratadas, de las cuales surja que en conjunto las erogaciones así generadas superan el monto señalado en dicho artículo.

 

Art.6º:- Regístrese, Comuníquese y archívese.


 

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